La Provincia profundiza la fiscalización de la Tarifa Social de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), tras detectar consumos desproporcionados que derivaron en subsidios millonarios afrontados por el Estado provincial. Se dieron de baja a 1.506 usuarios.

El Gobierno de Santa Fe detectó abusos y consumos desmedidos en usuarios inscriptos en el registro de Tarifa Social. En total, dieron de baja a 1.506 usuarios que tuvieron consumos por encima de los 2.000 kw, cuando el consumo promedio de un hogar en la provincia ronda los 700 u 800 kw. Los casos más graves que informó la Provincia son 21 usuarios que consumieron hasta 7.000 kw, generaron facturas de más de 17 millones de pesos, y abonaron menos de 3 millones, teniendo que cubrir el Estado los 14 millones restantes. “Es inadmisible que se continúe este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la Empresa Provincial de la Energía y a quienes realmente lo necesitan”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Los controles recientes sobre la Tarifa Social revelaron consumos muy por encima del promedio: se detectaron 258 usuarios que superaron los 3.000 kilovatios y cuatro casos en Rosario que excedieron los 6.000. En los 82 casos de mayor consumo, el Estado provincial debió cubrir más de 52 millones de pesos en subsidios, mientras que los usuarios abonaron apenas seis millones.

La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro dispuso un esquema de control más estricto sobre la firma pública, con auditorías permanentes y medidas de modernización que alcanzan tanto el seguimiento de consumos como la organización interna de la empresa. El objetivo es ordenar la administración, garantizar transparencia en el uso de los recursos y en este caso, asegurar que la Tarifa Social se aplique de manera justa, evitando abusos y desvíos.

“Estos números muestran que algunos sectores están desvirtuando el espíritu del beneficio. Vamos a redoblar los controles y aplicar todas las medidas necesarias para que la Tarifa Social vuelva a ser lo que debe: un apoyo para los hogares vulnerables, no un subsidio encubierto para consumos excesivos”, señaló la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez.

Rosario

La ciudad de Rosario concentró 78 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que demandaron un subsidio estatal de 21.315.668 pesos. Allí se destaca el caso de un usuario del barrio Belgrano que consumió 7.020 kilovatios y cuya factura fue cubierta en 521.442 pesos por el Estado.

En septiembre se identificaron 21 contribuyentes que, con consumos entre 2.500 y 7.000 kilovatios, generaron facturas por 17.114.592 pesos. Los usuarios abonaron apenas 2.889.765, mientras que el Estado provincial debió cubrir 14.224.827.

Funes

El caso de Funes expone con claridad el desvío del beneficio. Un usuario con Tarifa Social consumió 3.897 kilovatios y generó una factura de 880.367 pesos. De ese total, solo pagó 19.673, mientras que el Estado cubrió 860.693. En el mismo complejo, dos familiares que también accedían al beneficio consumieron en conjunto 10.011 kilovatios, con facturas por 2.272.143 pesos. Los usuarios abonaron apenas 77.183 y el Ejecutivo provincial debió cubrir 2.194.959.

Santa Fe y Rincón

En la capital provincial y en Rincón se registraron 50 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que implicaron un subsidio estatal de 23.135.594 pesos. Entre ellos, una vivienda en barrio Residencial, sobre calle 1 de Mayo, consumió 2.840 kilovatios y generó una factura de 654.195 pesos, de la cual el Estado cubrió 198.094. Otro caso en barrio Centenario mostró un consumo de 3.482 kilovatios, con una factura de 779.439 pesos, de la cual el usuario pagó apenas 19.713 y el resto quedó a cargo del Estado.

Próximos pasos

Rodríguez recordó que en los últimos días se avanzó con la compra de 75 mil telemedidores para avanzar en el monitoreo en tiempo real de los consumos de los usuarios y así poder ser más precisos a la hora de destinar los recursos. “Acá se ve que el robo de energía es una cuestión transversal y no de un sector particular. Tenemos que ser conscientes de que el robo de unos pocos afecta al consumo de todos”. El propósito es que la Tarifa Social se mantenga como un instrumento de equidad, garantizando un consumo responsable y evitando que los recursos provinciales se desvíen hacia prácticas que no reflejen la necesidad real de los hogares vulnerables.